carteras vendidas el coyotaje

Víctor Alvídrez
Abogados sin ética
El Heraldo de Chihuahua
6 de marzo de 2007

Sin duda que las universidades públicas y privadas del país han sido cuna para la formación de grandes hombres que han legado valiosas aportaciones a la sociedad en su conjunto. Grandes profesionistas que han sabido fortalecer con su trabajo la institución de la cual egresaron.

Sin embargo, hay pequeños grupos de profesionistas que sin duda sólo manchan el respeto que se tiene por esa loable profesión que es la de "licenciados en Derecho".

De los que han seguido por el camino del "coyotaje financiero", pocos se salvan de ser señalados como profesionistas honestos que sólo cumplen con su trabajo en el área que escogieron para hacerlo.

El ejemplo más práctico es el de los abogados de una empresa denominada "Conexia", contratada por la Financiera Independencia para la recuperación de la cartera vencida de esta institución financiera o Sofol.

Nada menos la semana próxima pasada este mismo medio daba la nota de lo sucedido en torno a un deudor de la citada financiera, a cuyo domicilio acudió un abogado de "Conexia" con el fin de requerirle el pago atrasado. No encontrándolo en su domicilio, se le hizo fácil subir a dos de los pequeños hijos del deudor a su vehículo con el fin de que le dijeran dónde trabajaba su papá, cometiendo varios delitos con tal actitud y demostrando una falta total de ética al desarrollar su trabajo.

No es el único caso, pues en los últimos años es cada vez más frecuente el uso de métodos terroristas para intentar la recuperación de carteras vencidas de empresas que no teniendo capacidad para la recuperación de sus créditos, venden a precios muy ridículos la cartera de los morosos a despachos externos convertidos en "coyotes" financieros que luego pretenden recuperar con creces y a través de métodos gangsteriles esos adeudos.

Al menos catorce despachos de recuperación de cartera operan en esta ciudad y se encuentran en el "coyotaje financiero", es decir "compran" cartera a precios muy bajos pretendiendo recuperar mucho más del valor que tiene en realidad, a pesar de lo inflado que resulta el saldo. Ocho de esos despachos tienen representación local y representan a varias "Sofoles" personales y financieras. También opera en forma incorrecta el despacho autodenominado "Procuraduría de Cobranza Judicial", que no es otra cosa que el despacho de Banco Azteca y Elektra, el cual tiene en su contra varias demandas penales por los delitos de usura, fraude y amenazas.

Dos despachos más: ACSER y México Legal Group se dedican localmente a la recuperación de cartera de Infonavit, institución que en sus inicios fue orientada para beneficio de los trabajadores y actualmente trabaja como una Sofol más, ya que también coloca su cartera vencida como si fueran tomates y cebollas en el mercado local. La venta de 60 mil créditos vencidos a despachos externos muestra la ineficiencia actual de esa institución para recuperar cartera por otra vía que no sea la participación en el coyotaje financiero. En el caso de esta última, además de las amenazas escritas de ejecutar un desalojo por la deuda con el Infonavit, coloca una fotografía de un acto de desalojo en el documento enviado, con el fin de intimidar al deudor para que llame a los autodenominados "actuarios", que no son más que los "cobradores" del despacho sin ninguna autoridad legal para ejecutar tales actos para "llegar a un acuerdo".

Tres despachos más operan directamente desde la ciudad de México por medio de llamadas telefónicas a altas horas de la noche amenazando con venir a ejecutar un embargo apoyados por la fuerza pública, efectuar un cateo en la vivienda y hasta con arrestar al deudor. Estos despachos son ADCAVEN, que es cartera de Financiera Independencia, ALL DELIVERY AND GENERAL SERVICES, S.A. DE C. V., que es cartera de FONACOT con más de diez años de vencida y otro despacho que trabaja para la recuperación de créditos de TELEFONOS DE MÉXICO, que se identifica como tal y opera por vía telefónica reactivando los teléfonos suspendidos para efectuar la cobranza.

Hay otro despacho que opera vía correo y telefónica desde Oaxaca y tiene representación local. Otro más de Torreón que se autodenomina "especialistas en embargos urgentes y asuntos penales", quienes amenazan por vía telefónica con visitas domiciliarias y por escrito a cientos de familias, originando situaciones que en algunos casos han llegado a enfermar a uno o varios de los integrantes de la misma y que según su más reciente amenaza vendrán a ejecutar embargos y órdenes de aprehensión.

En los últimos días se han tenido varias quejas en torno al despacho de una tienda departamental ubicada en Plaza del Sol, denominada C&A, que también utiliza esos métodos gangsteriles para la recuperación de su cartera, así como de la "tarjeta del aprecio" que promociona SORIANA.

Es urgente que las barras y los colegios de abogados extiendan entre sus agremiados un "Código de ética" que norme su actuación, para que puedan efectuar su trabajo sin recurrir a acciones que pueden ser tipificadas como delito, pero que más que nada dañan a la sociedad y denigran su profesión.

También es importante que los legisladores locales y federales volteen a ver lo que está sucediendo, ya que puede degenerar en un grave problema social al permitir el comercio de los créditos como si fuera mercancía que no arrastra bienes y patrimonios de familias mexicanas. Resulta también por demás interesente ver que muchas de esas empresas de coyotaje financiero sean extranjeras, por lo que es imprescindible que los legisladores retomen su responsabilidad en este terreno de legislar a favor de las familias mexicanas y no de los intereses de las trasnacionales.

Organismos como la CONDUSEF y la PROFECO requieren de más facultades para ejercitar la acción de la defensa de los usuarios de los servicios financieros, el FIDEBAN requiere del apoyo institucional y de las organizaciones para retomar su ruta de negociación e intermediario entre deudores y financieras para que los primeros puedan tener la preferencia en la compra de su propia cartera.

Y naturalmente, siempre existirá la opción de las organizaciones sociales como El Barzón, la Procuraduría Social, el Frente de Consumidores y otras más que sin duda apoyan organizando a las víctimas de esos buitres financieros en la búsqueda de que los deudores paguen sin abusos lo justo del compromiso contraído.

Lo importante es que las familias no se dejen intimidar con las mentiras y amenazas de esos gangsters que bajo el escudo legal engañan, amenazan y cometen actos ilegales para efectuar su trabajo. Con Financiera Independencia existe un convenio verbal y pendiente de firmar para que el deudor pague el capital insoluto a un año y sin intereses.

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