Lista, la ley de quiebras bancarias, dice IPAB

**Hermes** Lun 1 Mar 2010 - 8:14

Las nuevas disposiciones que se denominarán de liquidación judicial, constituyen la última parte del blindaje del sistema financiero

ROMINA ROMÁN PINEDA
EL UNIVERSAL
LUNES 01 DE MARZO DE 2010
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María Teresa Fernández Labardini, secretaria ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), adelantó que las autoridades concluyeron la elaboración de la ley que marcará los pasos a seguir en caso de la quiebra de un banco.

Las nuevas disposiciones que se denominarán de liquidación judicial, constituyen la última parte del blindaje del sistema financiero, explicó.

Fernández Labardini, dijo que la nueva Ley de Liquidación Judicial tiene como objetivo contar con los procedimientos necesarios que permitan al gobierno actuar en caso de que se decida liquidar a un banco.

La funcionaria del IPAB detalló que se prevé realizar un proceso completo, ordenado y expedito que salvaguarde los derechos de los acreedores, con un mínimo costo fiscal.

En la actualidad, no hay ninguna disposición específica para hacer la liquidación a una entidad bancaria y se aplica la Ley de Concursos Mercantiles.

Con la legislación se busca contar con una mecánica que dé prioridad al pago o la transferencia de los ahorros a los depositantes, así como establecer esquemas que mejoren las condiciones del procedimiento en beneficio de los acreedores y, en especial, de los ahorradores.

En el primer borrador se consideró que como primer paso para la quiebra de un banco, el IPAB solicitará al juez la declaración de liquidación judicial; el juez basado en un dictamen emitirá la sentencia de quiebra; el instituto realizará el reconocimiento y graduación preliminar de adeudos, así como la enajenación de activos del mismo.

Como una segunda fase, el juez emitirá la sentencia de reconocimiento y graduación de acreedores; el IPAB iniciará el pago a los acreedores; el juez resolverá en vía incidental impugnaciones sin suspender los actos del instituto y se realizarán operaciones de conclusión, además de declararse la extinción del procedimiento.

Bajo la norma vigente, se registran procesos de liquidación lentos e ineficientes para los intermediarios, que tardan hasta una década para poder concluir el proceso de cierre.

La elaboración de la Ley es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero participa el IPAB y el Poder Judicial de la Federación.

Sobre una posible reducción en la cobertura a los ahorradores, la funcionaria del IPAB aclaró que “ese ya no es tema, porque ante la crisis internacional, diversos países incrementaron la protección”.

Y en México el nivel que se tiene se mantendrá, aseguró.

En entrevista, Fernández aclaró que los intermediarios están sólidos, estables y afrontaron de manera favorable el complejo entorno global.

Fernández comentó que el IPAB logró recuperar los activos producto de la crisis bancaria de 1995 y ahora el instituto se enfoca totalmente al tema del seguro de depósitos

**Venus** Lun 1 Mar 2010 - 17:55

01-Marzo-2010

Jonathan Davis Arzac, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores explica que los bancos tenían problemas de solvencia y la cartera vencida apremiaba; además, había malos manejo

El motivo por el cual los bancos mexicanos se vendieron es por la poca solvencia de los grupos financieros que, agregado a crisis recurrentes, se ponía el peligro su viabilidad, mencionó Jonathan Davis Arzac.

Quien fuera presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el sexenio pasado señala que los dueños de los bancos no contaban con el capital mínimo requerido para poder seguir funcionando de manera adecuada dentro del sistema mexicano de pagos.

México, explica a Excélsior, sigue los criterios de Basilea, que en ese entonces marcaban como mínimo ocho por ciento de índice de capitalización y muchos bancos se manejaban por debajo de ese porcentaje.

Por otro lado, dice, debido a la propia crisis económica los acreditados (empresas, pero también las personas) dejaron de pagar sus adeudos y los bancos entraron en un problema para recuperar esos recursos y poder reforzar su capital.

“Un grupo de bancos, sobre todo los medianos y pequeños, estaba por debajo de los niveles mínimos requeridos para capitalización bajo estándares internacionales, mientras que otro grupo ya venía deteriorándose rápidamente, porque se observaba que hacia adelante se iba a agudizar el problema de la cartera vencida y los iba a poner en una situación muy precaria como de hecho sucedió; es decir, los bancos que aún no estaban siendo afectados al poco tiempo lo iban a estar.”

Davis, quien fundó su propia firma asesora de empresas, después de una vasta experiencia en el ámbito financiero, señala que sólo las grandes instituciones bancarias eran las que tenían suficiente capital, pero aún ellas estaban bajando su índice de capitalización.

Ya ni los medianos ni mucho menos los chicos estaban en condiciones de seguir operando, pues representaban un peligro para el sistema de pagos.

Es ahí, recuerda Davis, cuando las autoridades implementan los distintos programas de rescate para tratar de mantener o recuperar los niveles mínimos de solvencia requeridos. Hubo de hecho varios programas.

En algunos de ellos, menciona, se les pedía a las instituciones de crédito que le vendieran su cartera al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (el Fobaproa, precursor del actual IPAB). Así, por cada dos pesos que los bancos le vendieran al Fobaproa se obligaban a inyectarle un peso de capital.

“Con esto disminuye el tamaño de los activos en riesgo y al mismo tiempo se le inyecta capital fresco a las instituciones. Con esta medida se logró apuntalar a los bancos de mayor tamaño que eran los que más preocupaban”, agrega.

Desdichadamente, platica, otros bancos no pudieron acogerse a este programa de rescate bancario, porque no podían levantar el capital (o no querían) y tuvieron que ser intervenidos. “Independientemente de todo, hubo malos manejos en algunos casos, hay que aceptarlo.”

La intervención bancaria fue un proceso largo y complicado en la mayoría de los casos porque no se tenía precedente alguno en la historia contemporánea de México. Al momento se estaban haciendo las reglas y el país “no estaba preparado como lo está ahora con el sistema de alertas tempranas y con los mecanismos ágiles para responder los problemas de los bancos en problemas”.

Para algunos de los bancos intervenidos el gobierno pudo encontrar compradores que los tomaran después de que se sanearon financieramente en la medida de lo posible con las nuevas inyecciones de capital. Otros no corrieron con la misma suerte y tuvieron que entrar a un proceso de disolución y liquidación.

En ese tiempo (1995-1996) por una ley aprobada por el Congreso desde la época de la banca estatizada, las entidades bancarias debían tener inversionistas mayoritariamente mexicanos.

Incluso, cuando el sistema financiero pasa a manos del gobierno en 1982, todos los bancos con excepción de Citibank, fueron expropiados.

Davis recuerda que cuando se vende la banca en 1991, entre los compradores (obviamente no todos) había personas que resultaron ser “muy malosas, que además no tenían la menor idea ni la experiencia de cómo administrar una firma de esas características. Muchos eran empresarios que tomaban riesgos, pues venían del mercado bursátil”.

Davis indica que el Congreso aprobó la venta de los bancos. Todos regresaron a manos privadas. Los bancos por ley tenían que estar en manos de mexicanos. No se podía vender ni Bancomer ni Banamex a extranjeros. Podía haber participación, pero no control.

A finales de la administración de Ernesto Zedillo el propio Congreso de la Unión cambió la ley.

Explica: “A los grandes bancos se les pedía cada vez más requerimientos de capital y estos no lo estaban logrando. Y les exigían más porque ya comenzaba a haber una regulación más seria y en forma que se endurecía.

“Se empezó a construir un marco normativo acorde a los estándares internacionales. Se fortalecieron las áreas de control interno de los bancos y las áreas que tenían que ver con el riesgo y su medición.

“Entonces, al tener más conocimiento de los riesgos los bancos debían generar más provisiones para hacerle frente a las potenciales pérdidas. Muchos no estuvieron dispuestos o no tenían los recursos y de ahí fue cuando los extranjeros comenzaron a decir yo si le entro. Entonces modificaron la ley.”

Los banqueros, indica Davis, pudieron vender los bancos a los extranjeros a muy buen precio, haciendo un lucrativo negocio.

Los antiguos dueños de los bancos ya no estaban dispuestos a seguir metiéndole más dinero bueno al malo y dejaron el negocio. El entrevistado recuerda que los bancos nacionales y extranjeros que operan en el país se rigen bajo las mismas reglas y leyes, y son regulados de igual manera por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Jonathan Davis Arzac cuenta que los grandes grupos financieros internacionales, al igual que los grandes corporativos de otras áreas, buscan consejeros independientes que tengan relaciones que les den valor. Los buscan por todo el mundo y así integran sus consejos independientes.

Sobre el ex presidente de México (1994-2000) dice: “Me da mucho gusto porque es mexicano y eso demuestra el gran talento y la gran experiencia que hay en México en todos los ámbitos pues podemos encontrar mexicanos en los consejos de bancos, mineras, telefónicas.

¿Reguladores mexicanos atados a los extranjeros?

Quien fuera presidente del ente regulador del sistema financiero mexicano explica que México, al igual que muchos países del mundo, pertenecen al Comité de Basilea para la Regulación y Supervisión Bancaria, que fue a su vez fundado por el Banco Internacional de Pagos (BIS), que es el banco de los bancos centrales.

Sus clientes son por ejemplo el Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de España, etc. “Es el organismo cupular más alto de los bancos centrales a nivel internacional.” El Comité de Basilea, indica, se dedica, entre otras actividades, a analizar hacia dónde debe avanzar la supervisión bancaria a escala mundial. México tiene presencia en el Consejo de Basilea, no todos los países tienen miembros en el Consejo, México sí. “El país entra a las reuniones, emite opiniones, en fin, está muy activo en Basilea”.

Entonces, explica el ex funcionario público, los sub comités dentro del Comité de Basilea, emite lineamientos y recomendaciones para los bancos centrales del mundo.

Hay algo semejante para las comisiones de valores llamado el IOSCO (International Organization for Securities Comission), es el equivalente al de Basilea para el medio bursátil. Su sede está en Madrid y la CNBV también tiene presencia. Los países son libres de adoptarlas o no. No es algo obligatorio.

¿Quién es Davis?

Fungió como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante todo el sexenio del presidente Vicente Fox. Fue relevado de su cargo en enero de 2007.

Antes fue tesorero de la Federación, dentro de la Secretaría de Hacienda, de marzo de 1995 a noviembre de 2000. Ahí se desempeñó como director general de Crédito Público de diciembre de 1994 a febrero de 1995.

Davis comenzó su carrera en el sector público en Banco de México (de febrero de 1978 a septiembre de 1984), institución donde ocupó diferentes cargos, el último de los cuales fue el de subgerente de Operaciones Internacionales.

Fue director corporativo del departamento Internacional en Banco del Sureste; director corporativo de Fondos de Inversión en Casa de Bolsa Bursamex; director asociado en Calificadora de Valores y subdirector general de Tesorería, Cambios, y Mercado Monetario en Banca Confía, entre otros cargos.

Davis es licenciado en Economía por la UNAM. Tiene una maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex, en Inglaterra.

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