Cobradores, verdugos ilegales de los deudores

A María le costó caro comprar un teléfono celular a crédito en Elektra. Al perder su trabajo dejó de pagar los abonos de 160 pesos semanales, como lo había hecho durante casi dos años. Comenzó entonces a recibir cartas de despachos de cobranza, exigiéndole el pago de 7 mil pesos, pues de lo contrario "se le embargaría" y "aplicaría prisión por delito de fraude". Por insólito que parezca, la primera amenaza se cumplió: Marco Antonio Vélez presentó lo que según él era una orden de embargo, para enseguida llevarse refrigerador, televisión, horno de microondas y estéreo. En realidad, ninguna autoridad judicial había ordenado este supuesto embargo.

Métodos inadecuados. Los despachos de cobranza utilizan los métodos a su alcance para recuperar todo tipo de créditos, pese a que la mayoría de estos recursos son ilegales. El caso de esta enfermera de 37 años es uno más. Los despachos dedicados a recuperar cartera vencida de los bancos o las tiendas que venden a crédito han endurecido sus métodos de cobro, sin importar que estén tipificados como delitos en el Código Penal Federal. "Te vuelves un patán. Exiges el pago e insultas a la gente, espantas a los niños, les dices, 'Pásame a tu papá, si no lo haces hay una patrulla afuera de tu casa. Lo buscan por ratero'", confiesa un gestor.

A sus conocidas prácticas de llamadas telefónicas insistentes y ofensivas a toda hora, se suman el envío de cartas que simulan ser documentos judiciales; la colocación de calcomanías -en varios puntos de la cuadra donde vive el deudor- acusando al deudor de fraude, y la usurpación de profesiones y funciones públicas, al hacerse pasar por abogados o empleados judiciales. En este caso, la medida más extrema son los embargos extrajudiciales.

En México ninguna autoridad regula el proceder de tales despachos que, en los actuales tiempos de crisis, son un negocio boyante, sobre todo cuando, según el Buró de Crédito, cerca de 5 millones de personas tienen retrasos en pagos de sus créditos de tarjetas, hipotecas o automotrices.

Los gestores de cobranza Antonio y Rogelio -como prefieren ser citados- aseguran que los bancos y tiendas pagan a los despachos comisiones de 15% a 20% de la suma recuperada. Precisan que, por ejemplo, el despacho donde trabajan recibe hasta 300 mil pesos por recuperar cartera de cada producto que maneja (crédito hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito) y que "un despacho llega a manejar hasta ocho productos".

Los primeros despachos de cobranza en México surgieron en 1985, pero proliferaron a partir de la crisis bancaria de la década de los 90, refiere el abogado Ricardo Amezcua Galán, dedicado a la defensa de deudores de tarjetas de crédito. "A partir de 1998 comienzan con las llamadas telefónicas y lo que se conoce como la cobranza extrajudicial".

Jorge Morales Franco, del despacho de abogados Luna Castro y Asociados, explica que los bancos y tiendas que venden a crédito prefieren contratar despachos que realicen la cobranza extrajudicial, porque "los procesos judiciales son muy largos y al banco le sale muy caro invertir en abogados".

Antonio trabaja desde hace dos años como gestor de cobranza en un despacho. En los anuncios clasificados leyó que solicitaban "asesores telefónicos", ofreciendo un sueldo mensual de 4 mil pesos por jornadas de ocho horas, algo ideal para un estudiante de Contaduría, por lo que no dudó en aceptar el trabajo, aunque no recibiría ninguna prestación laboral.

A manera de capacitación, se le sentó junto a uno de los gestores más experimentados, para aprender cómo manejar el sistema de telefonía y la base de datos de los deudores, en Excel. Recibió, asimismo, una copia del "script telefónico", una suerte de guión para saber qué decir cuando se llama por teléfono y contesta, en cada caso, "el deudor", "un tercero", "una referencia" o el buzón de voz. Los gestores realizan, en promedio, 120 llamadas telefónicas diarias.

Durante tres meses recibió el sueldo comprometido, pero después se le condicionó, dependiendo de su capacidad para recuperar cartera. Muchos de los jóvenes contratados, de 19 a 25 años, abandonaron el empleo. Él persistió.

A partir del segundo semestre de 2008, coinciden Antonio y Rogelio, los métodos de cobranza se tornaron más agresivos, de manera que "desde el primer mes de atraso en el pago se comienza a mandar citatorios; antes eso se hacía cuando se registraban cuatro meses de mora".
Antonio cuenta que ellos mismos redactan los citatorios, "tenemos machotes de cartas, sólo modificamos algunas cosas. Ponemos que hay una orden de embargo, que se abrirán cerraduras, que el deudor puede ir a la cárcel. Sabemos que es ilegal hacerlo, pero tu sueldo depende de lo que logres recuperar. Además, los jefes nos dicen, 'Comes tú o come el deudor'".

Cuentan con que pocos deudores los demandarán. Pero si esto sucede prevén "candados" de impunidad: "Los dueños de los despachos son abogados en materia mercantil, saben cómo protegerse. Por ejemplo, las cartas se firman con nombres inventados o, simplemente, no se pone ningún nombre".

La Unidad de Investigación obtuvo copias de cartas y citatorios apócrifos enviados a los deudores en los últimos seis meses por despachos como Servicios Técnicos de Cobranza, SA de CV (Sertec), Consorcio Jurídico, Gerencia de Recuperación de Fraudes, y Manjarrez y Asociados SC.
En dichos documentos se advierte que se embargará en un plazo menor a 24 horas, y que podrán efectuar la "ruptura de cerraduras" o incluso aplicar un arresto hasta por 15 días. Esto contraviene el Artículo 17 constitucional, el cual establece que "nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil".

Empleados de despachos y abogados entrevistados aseguran que hay gestores de cobranza que simulan ser funcionarios de juzgados para, de esta forma, ejecutar los embargos con los deudores que desconocen la Ley, como le sucedió a María.

Con esta práctica, los gestores cometen el delito de "usurpación de funciones públicas o de profesión", según el Artículo 250, del Código Penal Federal, el cual establece también que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días, a quien se haga pasar por funcionario público, "se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones como tal".

A su vez, el artículo 282 del mismo código establece que se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa, a quien amenace a otro con causarle un mal en su persona, sus bienes, su honor o sus derechos.

Los gestores de cobranza también acuden a la casa de los deudores y colocan escritos o calcomanías de colores fosforescentes que aparentan ser requerimientos judiciales.

Morales Franco, de Luna Castro y Asociados, asegura que estos métodos son cada vez más comunes. Dice que lleva ante la Fiscalía de Procesos en lo Civil, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el caso de una demanda por "usurpación de funciones" contra empleados de un despacho de cobranza que se hicieron pasar por abogados de un juzgado y colocaron calcomanías en la casa de una deudora de tarjeta de crédito.

Patricia y Javier sufrieron otro "método" de cobranza. Él se retrasó en el pago de su tarjeta de crédito de Bancomer. A finales de septiembre de 2008 tenía que pagar 2 mil 300 pesos como mínimo, pero sólo pudo pagar 2 mil pesos. Al mes siguiente, su cuenta de nómina, también con Bancomer, registraba una suma menor a la de su quincena. Sin más, el banco se cobró. "Es por la deuda que tiene en su tarjeta de crédito", fue la explicación que recibió.
A la siguiente quincena, la historia se repitió. "Nos dejaron sin ningún centavo, ni para comer", asegura Patricia, su esposa. La solución para evitar esos descuentos fue solicitar a su empresa que cancelara su cuenta de nómina y le pagara con cheque.

La pareja recibió entonces llamadas intimidantes de los despachos, hasta que un domingo, recuerdan, dos gestores se pararon frente a su casa, gritando, "¡Javier, paga, paga tu deuda!"

El Artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, "sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente".

En el país existen cerca de 50 despachos de cobranza, 34 de los cuales están afiliados a la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, AC (APCOB), presidida por Jorge Pazos Chávez quien al recibir la solicitud expresa para una entrevista, respondió que sólo accedería con el compromiso de la reportera de no escribir contra su asociación.

En el sitio de Internet de la APCOB hay un espacio dedicado al Código de ética, establecido desde 2006 y en cuyos 22 puntos se enumera las prácticas que deben evitar los miembros de la asociación.

Éstas incluyen no solicitar el cobro a menores de edad ni en horarios inadecuados; no presentarse como representantes de órganos judiciales u otra autoridad; no engañar al deudor diciendo que se le sancionará con la privación de la libertad; tampoco pueden hacer creer, con falsos escritos de demanda o notificaciones judiciales, que se ha iniciado un juicio contra el moroso.

En 2008, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) revisó y ratificó el convenio que firmó, en 2006, con la APCOB para que los miembros de ésta se sujetaran a dicho código de ética. "Ellos se autorregulan